El Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, en su pretensión de establecer vías de comunicación fluidas con diferentes consejerías y administraciones que puedan tener que ver, directa o indirectamente, con el ejercicio de la profesión para la mejora mutua, ha mantenido recientemente contactos con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
La reunión tuvo lugar, de manera telemática, hace unos días. En ella, decana del COACM, Elena Guijarro, y la vicedecana, Gema González, despacharon con Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, y con el director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social, Eduardo del Valle.
En el encuentro, se retomaron cuestiones que ya se habían abordado con la Junta de Gobierno anterior de COACM, y se plantearon algunas nuevas. Uno de los que temas retomados fue la creación de centros de formación a través de los colegios de Arquitectos. En este sentido, la consejera propició una segunda reunión de COACM, en esta ocasión con Marta Roldán, directora general de Formación Profesional para el Empleo.
Este nuevo encuentro también ha tenido ya lugar. En representación del Colegio de Arquitectos, estuvieron presentes la propia Elena Guijarro, y la secretaria del COACM, Concepción Ponce. En la segunda reunión, secuela de la mantenida con la consejera, se debatió sobre cursos y centros de formación, sobre establecer convenios de colaboración para la formación continua de los arquitectos asociados al COACM, e incluso sobre la incentivación de la formación en oficios de la construcción. El Colegio, que de por sí ya es entidad de formación, estudia la conveniencia de abrir centros de formación en cada una de las demarcaciones, o si bien es preferible firmar convenios con entidades ya homologadas para, a través de las subvenciones para formación, acceder a financiación. La reunión con Marta Roldán ha aportado al COACM valiosa información para adoptar futuras medidas en este sentido. “Nuestra obligación es procurar la formación continua de nuestros colegiados”, señala Guijarro sobre la cuestión.
Además, Patricia Franco puso a disposición del COACM los recursos del Instituto de Promoción Exterior (IPEX) dependiente de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para el apoyo a la internacionalización de los colegiados, además de intensificar la comunicación constante en materia de líneas de apoyo y desarrollo de normativa. “El IPEX abre la posibilidad de trabajar fuera de España a nuestros colegiados, en el momento que se pueda viajar, y sobre todo a jóvenes arquitectos, que no tengan ataduras, y quieran proyectar sus carreras en el extranjero”, añade la decana. Para tratar este asunto directamente con el IPEX, la decana se reunirá con su director el próximo 2 de septiembre.
Sobre la mesa se pusieron también las posibilidades de inversión de la administración en el patrimonio, y la reutilización de éste con fines turísticos, un aspecto muy interesante en el que se está trabajando mucho en diferentes ámbitos. Patricia Franco se comprometió a suministrar información al COACM, tanto para inversión en patrimonio, como acerca de ayudas que puedan llegar en beneficio del colectivo. “De hecho, desde la reunión ya lo está haciendo así. La Consejería de Economía ya nos envía de forma periódica información sobre las distintas convocatorias de subvenciones. La comunicación es fluida”, dice.
Además, el Colegio de Arquitectos de la región ha comprometido su colaboración con el Gobierno regional en el desarrollo de proyectos de obra pública y licitaciones, y en los últimos meses contribuye a la elaboración, por parte del CSCAE (Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España), de un libro blanco de buenas prácticas a la hora de redactar este tipo de pliegos. Así, el COACM, con autorización previa del Consejo, ya ha puesto a disposición de la Junta dicho libro, para que lo puedan estudiar sus servicios jurídicos e incluso otras administraciones. “El fin último es sentar unas bases que, a la hora de sacar concursos y licitaciones, sirvan de guía, y eviten problemas como recursos por diferencias en la interpretación de las leyes”, concluye Guijarro.
