Hoy día la obtención de la licencia de obras es uno de los grandes obstáculos de todo el proceso de construcción de una promoción inmobiliaria. La dilación en la concesión de estas licencias no sólo supone un dolor de cabeza para los promotores y empresarios que quieren desarrollar un proyecto, sino que también tiene un coste en el bolsillo de los compradores de 12.802€ por vivienda, según datos del informe ‘Licencias urbanísticas: el tributo invisible’ elaborado por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima) junto con EY Abogados, que analiza los efectos de los retrasos en diez municipios españoles, entre ellos Madrid, Barcelona, Málaga, Palma de Mallorca, Valencia y Zaragoza. El estudio estima que el tiempo medio que tardan en otorgar las licencias de obra en España es de 12 meses, aunque la legislación recomienda un plazo máximo de tres meses para obras mayores y un mes para obras menores.
En Cataluña, según un informe del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC) elaborado a finales de 2019, el tiempo de espera que pasa desde que se presentan las licencias en los ayuntamientos hasta que se conceden, oscila sobre los 5,6 meses de media, pero por ejemplo, en distritos como Ciutat Vella, en Barcelona, o municipios como Sant Cugat del Vallès, este plazo supera los 12 meses. Precisamente, la alcaldesa de Sant Cugat, Mireia Ingla, reconoció hace pocos días en declaraciones a Cugat.cat, que ‘el consistorio tarda demasiado en dar las licencias de obra’.
Joan Franquesa, socio director de la inmobiliaria santcugatenca Feliu Franquesa coincide plenamente con estas manifestaciones de la alcaldesa. “En Sant Cugat el área de urbanismo lleva un retraso no justificado en la tramitación de licencias de obras, y esto a efectos de los particulares que realizan estos trámites, para su casa o por compañías promotoras que quieren desarrollar un proyecto, es un handicap muy importante porque encarece el producto y en estos momentos de pandemia no se pueden permitir el lujo de poner más palos en las ruedas a la economía productiva”.
Franquesa pone el ejemplo de la Comunidad de Madrid, que ha modificado estas últimas semanas la Ley del Suelo, para agilizar el plazo de otorgamiento de licencias mediante la fórmula de declaración responsable, donde el promotor se responsabiliza de que lo que construirá se corresponde con la realidad. “Aplaudimos este tipo de iniciativas, ya que ayudan a que los propietarios reciban antes su vivienda, que la administración pueda recaudar antes los impuestos y las tasas asociadas, y que se pueda generar empleo en todos los sectores asociados al inmobiliario”.
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Feliu Franquesa es un centro de Servicios Globales Patrimoniales y especializado en todas las áreas que tienen relación con el mundo inmobiliario. La compañía cuenta con un capital humano formado por agentes de la propiedad inmobiliaria, administradores de fincas y abogados.
