Ante las publicaciones realizadas en diversos medios, en las que se informa de que el Gobierno va a realizar una reforma fiscal, en la que los servicios de fisioterapia pasarían a tributar al 21%, el Consejo General de Colegios de Fisioterapeutas de España (CGCFE) ha emitido el siguiente comunicado:
“Desde este Consejo hemos sido conocedores, ante filtraciones en la prensa, de que el Gobierno pretende realizar una reforma fiscal, donde los servicios de fisioterapia pasarían de estar exentos de IVA a tributar al 21%, al igual que el resto de la sanidad privada española.
Entendemos que esa modificación es una medida totalmente negativa y desafortunada, tanto en el ámbito económico, como social, sanitario e incluso político. Es por ello que manifestamos nuestra oposición frontal al mismo, en base a los siguientes argumentos.
En España, según la OCDE, la sanidad supone un 9% del PIB, de la cual la sanidad pública representa el 70% y la privada el 30%. Es por ello, que este impuesto y su efecto expulsión afectaría al 2,7% del PIB.
Por otro lado, según la Fundación IDIS, en España hay 8,7 millones de personas con un seguro de salud privado. Si, según Eurostat, el gasto de sanidad pública por cada español supone 2.200 euros al año, el ahorro que está teniendo la sanidad pública debido a dualidad sanitaria asciende a 19.140 millones de euros. La subida del 21% al sector sanitario supondrá una subida directa en el precio de los seguros de salud privado, lo que implica una caída directa en el número de ciudadanos que puedan mantener este servicio. Simplemente la caída del 25% en el sector supondría tres veces más gasto sanitario para el estado que lo que se pretende ingresar con esta medida.
Según el informe publicado por la AIReF el pasado julio, incrementar la recaudación por la subida al 21% de IVA en la sanidad privada española supondría una recaudación de 1.763 millones de euros.
Por otro lado, la misma AIReF reconoce en su informe que el coste que supondrá a las arcas públicas la asunción de los servicios sanitarios que provocará esta subida será de 2.145 millones de euros, estableciendo una elasticidad precio público-privado del 1,1; es decir, de carácter unitario. Con este análisis ya se ve que la recaudación va a ser muy inferior, en el mejor de los casos, que el incremento de coste que va a suponer y, por ello, es una acción sin sentido económico y todo esto sin contar con la caída en el sector de seguros de salud.
El análisis de la AIReF está basado en la sanidad privada en su totalidad. Dentro de la misma tenemos atención hospitalaria que, según la mayoría de los autores, tiene una elasticidad precio público-privado inferior a 1, es decir inelástica, porque son servicios de carácter grave o urgente que no son sensibles ante incrementos de precio. Pero, por otro lado, tenemos las consultas, como las de fisioterapia, cuya elasticidad precio público-privado es mayor a 1, es decir elástica, porque si son muy sensibles al precio, siendo considerados económicamente bienes superiores o de lujo. Por lo que, en el caso de las consultas, la elasticidad será muy superior a la media calculada de 1,1; y por ello el diferencial entre la recaudación y el incremento en los costes sanitarios será muchísimo mayor y, por ende, infinitamente menos rentable.
Esta realidad es sobradamente conocida en Europa, ya que todos los países de la eurozona mantienen la exención de los servicios sanitarios privados. Y cuando se ha planteado reformas de este estilo, como Grecia durante la crisis financiera en el 2015, mantuvieron la exención en el sector sanitario, aunque no en otros sectores que también estaban exentos de IVA como el sector educativo.
La supresión de la exención del IVA en los servicios de fisioterapia supondría un incremento del precio que pagan los pacientes que acuden a este servicio. Pero debido a la demanda elástica, gran parte de esta subida deberá de ser asumida por el Fisioterapeuta como un coste mayor de la prestación de la asistencia, que unido al resto de lacras que sufre como el intrusismo, los bajos precios que pagan las aseguradoras, y la crisis por la pandemia estimamos que más del 50% de las consultas estarían abocadas al cierre provocando una debacle en el sector y en la asistencia a la ciudadanía.
No entendemos como el Gobierno, en una situación como la actual, en donde los profesionales sanitarios hemos demostrado, demostramos y seguiremos demostrando nuestra dedicación al sistema sanitario y a nuestros ciudadanos, como un sector esencial para la esperanza de vida de nuestros ciudadanos y nuestro estado de bienestar, es puesto en peligro sin ninguna motivación económica, tal y como se demuestra en las argumentaciones anteriores, o motivación de índole social.
Por todo lo anterior desde este Consejo, no sólo no podemos entender esta medida, sino que nos oponemos frontalmente a que los servicios de fisioterapia estén gravados con IVA, ya que podría suponer la desaparición de la mitad de las consultas de fisioterapia”.
